Cuando hablamos de un Expediente de Regulación de Empleo, mejor conocido como ERE, nos referimos a un procedimiento legal que permite a una empresa llevar a cabo un despido colectivo o la suspensión de contratos, adaptándose a situaciones económicas, técnicas, organizativas o de producción adversas. Este procedimiento está regulado por la legislación laboral española, la cual salvaguarda tanto los intereses de la compañía como los derechos de los trabajadores afectados.
Aspectos Económicos
Dentro de las casusas económicas que pueden motivar la iniciación de un ERE encontramos aquellas situaciones en las que la empresa experimenta pérdidas actuales o previstas, o bien, una disminución persistente de su nivel de ingresos o ventas. En este sentido, se considera persistente si durante tres trimestres consecutivos el nivel de ingresos o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior.
Es fundamental que exista una justificación objetiva y que las pérdidas o la disminución de ingresos resulten suficientemente significativas como para afectar a la viabilidad de la empresa o a su capacidad para mantener la fuerza laboral en sus actuales condiciones.
Razones Técnicas y Organizativas
Las razones técnicas se asocian con los cambios en el ámbito de los medios o instrumentos de producción de los que dispone la empresa. Por ejemplo, la implementación de nueva maquinaria o tecnología que supone una mejora en la productividad, pero que también conlleva una reducción de la necesidad de mano de obra.
Las razones organizativas se relacionan con cambios en los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la producción. Un ejemplo podría ser la reestructuración de departamentos que deriva en duplicidad de funciones, haciendo innecesario mantener ciertos puestos de trabajo.
Modificaciones en la Producción
Las causas de producción están vinculadas directamente con las fluctuaciones de la demanda en los productos o servicios que ofrece la empresa, lo que puede justificar ajustes en el número de trabajadores para adaptarse a la realidad del mercado. Un claro ejemplo es el descenso en la demanda de un producto, lo cual puede hacer inviable mantener un nivel de producción anteriormente sostenible.
Estos ajustes deben ser proporcionales y razonables en relación con la magnitud de la disminución de la demanda y siempre buscando garantizar la supervivencia a largo plazo de la empresa.
Procedimiento del ERE
Para llevar a cabo un ERE, la empresa debe seguir un procedimiento específico que comienza con la comunicación a los representantes de los trabajadores. Se debe entregar un informe explicativo que detalle las causas del ERE, junto con la documentación que las justifique. La transparencia y el diálogo son esenciales en este proceso.
Posteriormente se abre un periodo de consultas de duración no inferior a 30 días, o de 15 en el caso de empresas de menos de 50 trabajadores, en el que se buscará llegar a un acuerdo que pueda atenuar las consecuencias para los trabajadores afectados y explorar todas las vías posibles para evitar o reducir los despidos.
Aspectos Legales a Considerar
Es importante destacar que la ley establece una serie de garantías para los trabajadores afectados por un ERE. Estas garantías incluyen el derecho a una indemnización y, en determinados casos, a la prioridad de permanencia en el puesto de trabajo.
Además, los trabajadores despedidos tendrán un periodo de preaviso y accederán a medidas de política social como pueden ser la recolocación o el acceso a formación con el fin de mejorar su empleabilidad.
Indemnizaciones y Derechos
- Indemnización mínima legal establecida o superior, en función del convenio colectivo aplicable.
- Derecho a la impugnación individual del despido.
- Opciones de recolocación, si están disponibles en la empresa.
Implicaciones para la Empresa
- La empresa debe realizar un desembolso económico para cumplir con las indemnizaciones.
- Posibles efectos en la imagen y reputación corporativa de la empresa.
- Obligaciones de seguir un procedimiento legal claro y justo, con posibles consecuencias en caso de incumplimiento.