En la actualidad, el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas se ha convertido en uno de los aspectos más relevantes y a la vez complejos dentro del ámbito del derecho penal en España. La naturaleza y alcance de esta responsabilidad han evolucionado significativamente en los últimos años, marcando un hito en la forma en que se entiende y aplica la ley en el contexto empresarial.
A través de este documento, nos adentraremos en una exploración detallada de este tema, proporcionando una guía actualizada a 2024 sobre qué es la responsabilidad penal de las personas jurídicas, su fundamento, alcance, y las implicaciones prácticas que conlleva.
Fundamentos de la responsabilidad penal de personas jurídicas
El concepto de responsabilidad penal de las personas jurídicas surge como un reconocimiento de que no solo los individuos a través de sus acciones pueden cometer delitos, sino que también las organizaciones pueden ser vehículos para la comisión de actos ilícitos. En España, este principio se incorporó de manera formal en la legislación a través de reformas al Código Penal, concretamente en el año 2010.
Uno de los pilares de esta responsabilidad se encuentra en el artículo 31 bis del Código Penal español, que establece que las personas jurídicas serán penalmente responsables de delitos cometidos por sus representantes legales y administradores, así como por aquellos empleados que, estando bajo la autoridad de aquellos, han podido cometer el delito debido a la falta de un adecuado control por parte de los citados representantes.
La introducción de esta responsabilidad penal marca un antes y un después, ya que expande el ámbito de aplicación del derecho penal más allá de los individuos, para incluir también a entidades colectivas como sociedades, asociaciones, y otras formas de organizaciones.
Alcance y delitos aplicables a las personas jurídicas
No todos los delitos son aplicables a las personas jurídicas. El Código Penal español delimita de manera precisa aquellos ilícitos por los cuales pueden ser responsabilizadas estas entidades. Entre ellos se encuentran delitos contra la Hacienda Pública, contra la salud pública, delitos de corrupción entre particulares, delitos contra el medio ambiente, delitos relacionados con el blanqueo de capitales, entre otros.
Los delitos de corrupción entre particulares y el lavado de dinero son ejemplos claros de actos ilícitos que pueden llevar a la responsabilidad penal de una persona jurídica. Esto pone de relieve la importancia de implementar medidas de prevención y control internas para evitar que la empresa sea utilizada como instrumento para la comisión de dichos delitos.
Medidas de prevención y programas de cumplimiento
Una de las innovaciones más significativas en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas es la posibilidad de atenuar o incluso eximir de responsabilidad penal a aquellas entidades que cuenten con modelos de organización y gestión que incluyan medidas de vigilancia y control adecuados para prevenir delitos o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.
Esto se contempla en el artículo 31 bis 2, donde se especifica que no será penalmente responsable la persona jurídica que tenga implementados este tipo de programas de cumplimiento antes de la comisión del delito.
La importancia del compliance officer
Una figura clave en la prevención de delitos dentro de las organizaciones es el compliance officer o encargado de cumplimiento normativo. Esta persona tiene la responsabilidad de supervisar, implementar y evaluar las políticas y procedimientos diseñados para garantizar que la empresa actúe en todo momento en conformidad con la legalidad.
La existencia de esta figura dentro de la estructura organizativa no solo es un indicador del compromiso de la empresa con la legalidad y la integridad, sino que también puede ser un factor determinante a la hora de evaluar la existencia y eficacia de los programas de cumplimiento ante los tribunales.
Consecuencias de la responsabilidad penal para las personas jurídicas
La responsabilidad penal de las personas jurídicas puede acarrear consecuencias graves y significativas. Al ser condenadas, las empresas pueden enfrentarse a sanciones que incluyen multas de cuantía significativa, disolución de la persona jurídica, suspensión de sus actividades, prohibición de realizar en el futuro actividades de la clase en que se cometió el delito, entre otras.
Estas sanciones pueden tener un impacto profundo en la viabilidad y operación de la empresa, afectando no solo su situación económica, sino también su reputación e imagen corporativa.
Aspectos a considerar para la defensa legal
En caso de enfrentar procesos penales, es crucial que las personas jurídicas adopten una estrategia de defensa legal adecuada. Esto incluye la realización de auditorías internas para determinar la extensión de la responsabilidad penal, la colaboración con las autoridades en el marco de las investigaciones, y la demostración de la eficacia de los programas de cumplimiento implementados. La defensa debe ser diseñada y llevada a cabo por abogados especializados en derecho penal empresarial, dada la complejidad de estas materias y las especificidades de la legislación aplicable.
El conocimiento detallado de la normativa, junto con una estrategia legal bien fundamentada, son esenciales para navegar con éxito los desafíos que presenta la responsabilidad penal de las personas jurídicas. A medida que este ámbito del derecho continúa evolucionando, las empresas deben permanecer atentas y adaptarse a los cambios legislativos y jurisprudenciales para asegurar su cumplimiento con la ley y proteger sus intereses.